TRANSPARENCIA, CORRUPCIÓN Y GUARDIA CIVIL

Con toda probabilidad contra su deseo, el Instituto Armado fundado por el Duque de Ahumada se está erigiendo en árbitro de la suerte histórica corrida por nuestro país y quién sabe si en salvadora de la democracia. En un contexto donde la honradez suena cada vez más a valor caduco, a traje apolillado condenado al fondo de armario, que un cuerpo social del estado sobre el que siempre brillará la enseña del heroísmo cotidiano sellado con la sangre de los agentes y sus familias, siga luciendo como divisa el honor, y demostrándolo sin alharacas, es todo un respiro.

Si nos fijamos, casi todas las operaciones de policía judicial contra la corrupción aparecen en verde. Cada vez que el sistema escupe un tumor político —incluyendo la podredumbre futbolística—, ahí está la Benemérita interviniendo y estampando su firma en los telediarios. Los jueces confían en ella cuando la balanza de la Ley ha de revalidar su imperio. Recordemos el caso de los “eres” (más de ochocientos millones del erario público dilapidados): la juez Alaya lo puso enseguida en manos de los “picoletos”, esos funcionarios civiles y militares a un tiempo que siguen siendo sinónimo de cumplimiento del deber sin importar quién haya ganado las últimas elecciones ni quién pueda ganar las siguientes.

Varios episodios recientes les avalan como guardianes de nuestra libertad. Han atacado, investigando y sirviendo al juez la información pertinente para sus pesquisas sumariales, perversiones de la vida política en las que los partidos se han revelado ineficaces, cuando no cómplices. Su lucha contra la suciedad institucional no entiende de siglas, porque su dependencia de los poderes públicos tropieza siempre con el “Todo por la Patria” de sus casas cuartel. De ahí el inmenso error de haberlos retirado de circulación en el País Vasco y en Cataluña.

Pero algunas veces los políticos desbarran, y ejecutan actos que, para ser muy respetuosos, nadie puede entender. El ministro del Interior, que al llegar a Madrid confirmó en su cargo al teniente general director de la Guardia Civil, al igual que hizo con la Policía Nacional, ha suprimido la estructura heredada, asumiendo las funciones que antes correspondían a un mando de la cadena jerárquica. Y lo ha hecho coincidiendo con lo que Inocencio Arias —nada sospechoso de exaltado alarmista— ha definido como “el momento más delicado desde 1940”, nada menos. “En tiempos de tribulación no hacer mudanza”, aconsejaba el fundador de la Compañía de Jesús, el antiguo soldado que organizó a sus religiosos a la manera de un ejército, ciertamente celestial pero no sólo eso. Pues el ex alcalde de Sevilla ha escogido una de las situaciones más atribuladas de los últimos tres cuartos de siglo para acometer un cambio que, a juzgar por los pronunciamientos de las asociaciones del tricornio, no ha sido nada bien acogido, y tras el que se insinúa la sombra de las conveniencias partidistas.

Sucedía todo ello mientras la extrema izquierda que boicotea violentamente al turismo en Barcelona convocaba una manifestación contra la Guardia Civil ante su sede en la Ciudad Condal. Afortunadamente, un puñado de catalanes defensores de España acudieron para mostrar su simpatía y gratitud a los guerreras verdes. La vanguardia del estado español en Cataluña lleva hoy, por orden judicial, la marca de “la cartilla”. Si hay alguien que ha sido interrogado sobre sus intentos secesionistas como testigo y ha salido del cuartelillo como imputado (ahora “investigado”); es decir, si alguien ha recibido el encargo de actuar ya, sin rodeos y con la Constitución en la mano, pero resueltamente y sin miedo, ese alguien, contra quien los traidores a España han abierto fuego jurídico, es un oficial de la Guardia Civil, que supo aportar ante la autoridad judicial los datos necesarios para que la Ley y la democracia sigan vigentes en todo el territorio nacional.

La transparencia, esa virtud de todo sistema sociopolítico que encabeza a todas las demás, ese antídoto frente al derrumbamiento de la verdad y sus resortes establecidos, la savia de la convivencia, tiene hoy y aquí a un valedor al que conviene más que nunca (al menos desde la Guerra Civil) mantener en forma. Su teléfono es el 062. Su paga, la tranquilidad de las gentes. Su divisa desde 1844, el honor, caiga quien caiga.