Y NO LE TEMBLÓ EL PULSO

Cuando el capitán de una compañía cae en primera línea, pueden pasar dos cosas: si el cuerpo de ejército está bien disciplinado y sabe lo que quiere se mantiene formado y avanza como si su jefe continuara en pie; pero si cunde el desconcierto, la debacle es total. ¿Qué ocurrirá con la batalla judicial contra la insurrección separatista ahora que el encargado de guiarla no está ni volverá a estar al frente de la lucha jurídica? Los interrogantes se apelmazan en situaciones tan graves como la actual. La muerte, siempre inoportuna, ha sido esta vez alevosa, por cuanto deja al estado de derecho a los pies de los caballos siempre encabritados de la impunidad.

El nombre y la imagen de José Manuel Maza estarán siempre asociados en la memoria de muchos a una escena clave de la tan asendereada vida nacional desde el pasado 6 de septiembre. Fue el Fiscal General el primero en desenfundar las armas de la Ley para incriminar a cuantos hubieran participado en la intentona golpista de Cataluña. Lo hizo con una resolución y un temple que últimamente se añoran dondequiera que uno mire a lo largo de la política nacional, al menos dentro de los confines de los arcos parlamentarios. Para quien pusiera en los sucesos de aquellos días la atención que merecían, las palabras de Maza supusieron un respiro, hasta el extremo de recibirlas de su voz como si las hubiésemos redactado nosotros mismos. Era la ansiada determinación, el espíritu asertivo que proporciona tomar las riendas, o si se prefiere el toro por los cuernos y tirar “palante”, que diría un castizo. Justo lo que echamos de menos en quien le nombró.

Hasta ahora, teníamos dos personas, dos instituciones encarnadas por ellas, que eran garantía última de fiabilidad en los resortes legales de la unidad nacional: el Rey y el Fiscal General. El comunicado de éste último al que me vengo refiriendo, leído el 30 de octubre en la sede del órgano judicial con la solemnidad que exigía la actuación en cuestión, constituía la más contundente reacción por parte del ordenamiento jurídico ante el dantesco acto delictivo registrado tres días antes. Terminó la lectura del texto sin que la mano le hubiera vacilado ni un instante, lo cual, teniendo en cuenta la envergadura del paso dado —la presentación de querellas contra todos los promotores de la independencia, empezando por el Gobierno catalán— me pareció un rasgo digno de un gran hombre. Era un detalle que contrastaba con otro de una vileza inaudita. Los amantes de los medios audiovisuales solemos fijarnos en estas cosas. La primera sesión parlamentaria para aprobar la independencia, la que finalizó el 6 de septiembre con la votación forzada de la llamada “ley del referéndum”, fue retransmitida íntegramente y en directo por la televisión catalana. No hace falta añadir que TV3 sirvió la señal que más convenía a sus mentores, tal y como sigue haciendo hoy aunque los supervisores, en teoría, hayan cambiado. Cuando llegó el momento de votar, tras unos debates de sainete dramático, los no secesionistas se ausentaron de la sala, pero dejaron banderas españolas y catalanas en sus escaños. Todos esperábamos ver un plano general de los diputados presentes y de los asientos vacíos. Pero la manipuladora televisión autonómica cerró el zoom de la cámara y lo fijó, durante minutos y minutos en el busto parlante de la presidenta Forcadell, que había forzado torticeramente cada minuto de aquella jornada para sacar adelante “como fuera” la ley de ruptura. Fue un engendro informativo condenado en todos los manuales de lenguaje televisual del mundo, salvo, probablemente, los bolivarianos, los castristas y los norcoreanos. Lo cierto es que TV3 escamoteó a todos la realidad de medio Parlamento aprobando de hecho la secesión del “país”.

Tal desmán, como decía, estaba en las antípodas de aquella otra ilustración audiovisual de un fiscal general exponiendo concisa y someramente la postura del estado ante el reto protagonizado por una parte, ciertamente muy minoritaria, de su población. Recientemente, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón, escritor impenitente e inspirado además de amabilísima persona, y subordinado jerárquico por tanto del finado, refería que el artículo 48, si no recuerdo mal, de la reglamentación de actos notariales —agradeceré a quien corresponda que me rectifique si me equivoco— era un poema medido con la sobriedad de la hondura desnuda, requisito éste que todo vate con talento cultiva. Pues eso mismo reconocí yo en la pieza de José Manuel Maza, que podemos escuchar de su boca gracias al milagroso Internet. Y nuevamente, observando las faltas en el último adiós, la talla de los grandes se fija por la raza de los ladradores. Como siempre.