RÉGIMEN DE EXCEPCIONES

El sector público andaluz ha reducido 18.000 plazas de funcionarios (principalmente en sanidad y educación) pero ha aumentado en 3.000 el número de contratos de la Administración paralela. Las empresas del Estado pierden 200 millones en un año. Altos cargos del Poder andaluz tenían empresas —algunos una red— que cobraban subvenciones sin justificar de la Junta. Para salir del paso, se acudió a una "excepción" legal que permitió exonerar a más de 2.000 entidades (partidos, ayuntamientos, diputaciones, sindicatos, particulares…) de aportar documentación probatoria de que habían destinado el dinero público a servicios públicos. El Ayuntamiento de Isla Cristina (Psoe), ha subido los impuestos un 20 por ciento en un año, siguiendo la estela de otros municipios costeros de Huelva en manos de los socialistas. Y sin embargo, ayer presencié cómo cuatro policías municipales de dicha localidad estuvieron a punto de ser linchados por una masa de africanos indocumentados que ejercían una actividad ilegal en pleno paseo marítimo de un núcleo turístico. Pasé miedo, por aquello de las balas perdidas. Ante tan grave incidente, la inexistencia de alumbrado público encendido, durante años, en ciertos puntos básicos de las urbanizaciones adyacentes carece de importancia.

El fiscal anticorrupción de Baleares concedía una entrevista a El País días atrás que recomiendo vivamente a cualquiera que quiera informarse sobre el verdadero estado político de nuestra Nación. En ella, y con una precisión milimétrica de jurista experimentado, detallaba cómo la legislación vigente procura ante todo proteger a los legisladores y demás politicodependientes de los partidos. De ahí un régimen de aforamientos desaforado y basado en la desconfianza de la Justicia independiente.

Este sistema de excepciones en el que los sin papeles son sujetos del mismo derecho que se les niega, y con razón, a los con papeles —la impunidad— alcanza cotas explosivas. Un Gobierno regional (¿o varios?) incumple flagrante y descaradamente las sentencias de los tribunales de mayor rango, y no pasa nada. Uno de los paladines de la transición —recordemos que el padre de la Constitución por los catalanistas militaba en las mismas filas cuando el presunto delincuente era ya un líder en Cataluña— se perfila como un defraudador a gran escala que ha escondido, según confesión propia, una suma alucinatoria de dinero en paraísos fiscales. Una juez traslada al Tribunal Supremo la imputación a dos presidentes autonómicos del semillero intocable de votos andaluz que entrambos cubren varios lustros de vida política en la Comunidad (¿la mayor parte de la etapa autogestionada?).

Es la España de las excepciones. Toda ley tiene su salvedad, a medida del redactor. Según el fiscal mencionado, la que más trampas ha permitido es la de Contratos. Y a esto llaman un régimen de transparencia.