El Viraje a la izquierda de
Susana Díaz para contrarrestar a la desesperada su naufragio y recuperar los
avales que nunca fueron votos en Andalucía tendrá, sin duda muchos y graves
efectos. Sin ir más lejos, poner a una ex (?) comunista al frente de Justicia
con la encomienda de fomentar la memoria (anti) histórica y entender en
cuestiones de violencia de género (sustrayéndolas, por tanto, a los jueces)
abre un panorama bastante siniestro. Recordemos que Rosa Aguilar ha instado reiteradamente
a la Guardia Civil ,
en fechas recientes, para que persiga a los familiares y deudos de José Utrera
Molina por cantar el Cara al Sol brazo en alto durante su entierro en Málaga.
Lo hizo además acogiéndose no a la ley nacional de Zapatero que Rajoy mantiene
en vigor sino a la que el Parlamento de Andalucía ha promulgado para
desarrollar y ampliar aquélla. Y ojo al dato: la Junta de Andalucía
estableció y supervisa la red informática de los juzgados dependientes de ella,
lo cual, teniendo en cuenta la judicialización de la política a la que
asistimos de forma creciente, tiene su aquél.
Pero hay otros dos frentes en los
que la presidenta vencida por el filopodemita ganador en el PSOE ha concentrado
sus esfuerzos para repescar a los sectores más doctrinarios de su partido. Si
en Justicia ha puesto a la sucesora de los que en su día gobernaron con ella
por insuficiencia de votos socialistas —situación que venía de Griñán— en
Sanidad ha colocado a una gerente para evitar movimientos de capital que puedan
interpretarse como privatizaciones a la granadina, y en Educación —no les quepa
duda, el ramo más sensible en cualquier gestión política— a una sindicalista de
Fete-UGT. Las dos almas del PSOE —la socialdemócrata y la radical— vuelven a
alternarse en el granero del Sur.
Hay una parte, nada desdeñable
sobre todo en términos cualitativos, de la sociedad andaluza que está sufriendo
en sus carnes y en silencio la onda expansiva de la demagogia que acompaña
siempre a las etapas en las que prevalece el ala dura del PSOE: las familias,
profesores y titulares de los centros educativos concertados. De todos, no sólo
de los que han elegido formación diferenciada por sexos, que, obviamente, están
en el centro de la diana socialista. Llevan muchos años de calvario. Desde que
con Antonio Pascual y José Rodríguez de la Borbolla el sentido común y la moderación
abandonaron la praxis de la
Junta en materia educativa, los colegios de la disidencia han
caído en desgracia como cayeron los escritores libres en “la vida de los otros”.
El afán uniformador que no concibe plazas con sombra sino anchas extensiones de
cemento gris y árido en el pensamiento general de las gentes se ha adueñado en
tal medida de los rectores políticos autonómicos que no queda resquicio para la
supervivencia. De nada sirve que los Tribunales adopten medidas cautelares y en
algún caso otras de fondo garantizando que la Constitución se
cumple también en Andalucía. A los socialistas no suele preocuparles mucho las
sentencias. Y si no, ahí está la del Constitucional acerca de la
despenalización del aborto, papel mojado desde el día siguiente de su aparición
en el BOE.
El último fallo judicial que daba
la razón a los colegios sólo para niños o para niñas no se cumplirá porque la Junta , sabedora de su cariz,
se adelantó un día en cerrar los conciertos, y así podérselos negar a escuelas
como Altair, situada en una de las zonas más deprimidas de Sevilla, o a las
hermanas de la Cruz ,
de cuya heroica entrega a los pobres nadie en su sano juicio puede dudar. El
próximo curso tampoco habrá igualdad para los colegios andaluces sostenidos con
fondos públicos. No sólo han de renunciar a incentivos para nuevas tecnologías
o bilingüismo, entre otros pluses con los que sí cuentan los colegios públicos,
sino que tendrán que seguir despidiendo a profesorado y negando plazas a
hermanos de otros niños escolarizados previamente porque la Junta , después de
quinquenios de estar construyendo a destajo edificios nuevos para competir con
ellos necesita amortizarlos obligando a los padres a llevar a sus hijos a la
escuela pública aunque ésta nos cueste el doble —sí, el doble por alumno— que
en la privada.
La labor de zapa excluyente,
utilizando el Boja de nuestros impuestos para asfixiar la pluralidad social
haría feliz a Fidel Castro, por ejemplo. No parece, es cierto, que a nuestro
alrededor este deterioro de la libertad, que ya está pasando dramáticas
facturas, provoque mayor inquietud que los problemas causados por un serpentín
de cerveza mal calibrado. ¡Qué decir de un penalti dudoso! Y ahora, con una
sindicalista regulando las aulas y los conciertos, todo será más fácil para los
amantes de la férrea disciplina igualitaria y sus lobbies amigos. Yo, por si
acaso, escribo lo que me dicta mi conciencia. No presentarse a unas elecciones
ni tener ninguna prebenda que conservar ofrece estas ventajas.
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