EL DÍA QUE MAYOR OREJA DESARROLLÓ EL 155

Como ya se ha afirmado reiteradamente, si en algo parecen coincidir las dos mitades de la gran mayoría que ha gobernado España desde las elecciones de 1977 es en no tener la más mínima idea de cómo encarar la situación actual. Hoy por hoy, el único partido con representación parlamentaria que parece saber lo que conviene al país es el de Albert Rivera e Inés Arrimadas, los dos arietes dialécticos de la Nación española ante el secesionismo, si salvamos, claro está, a un gran Rey que ha marcado con pie firme el camino de la libertad para los españoles.

En el momento en que escribo estas líneas nadie sabe a ciencia cierta qué sea o deje de ser el artículo 155 de nuestra Constitución. Y no sólo porque la ciudadanía, en general, no se lo haya leído, sino porque es uno más de los cabos sueltos que en cuarenta años la llamada clase política no ha sido capaz de concretar. La pereza medrosa de los legisladores a lo largo de todo el reinado de Juan Carlos I y parte del actual es proverbial en lo que atañe a determinados puntos potencialmente conflictivos. Hemos pagado a miles de diputados y senadores para que dejen inconclusa una Constitución que a menudo entra en contradicción consigo misma. Ocurrió, y sigue ocurriendo, con la regulación del derecho a la huelga, que es como decir al trabajo. Los que realmente han aplicado este precepto constitucional han sido los “piquetes informativos”, mientras los políticos miraban para otra parte. La crisis ha puesto las cosas en su sitio, lamentablemente, y ya estos agentes de la coacción están en retirada, salvo en Cataluña.

El artículo 155 es otro monumento a la desidia de los partidos con mando en plaza. De un momento a otro, alguien sacará la chistera y empezará a desgranar medidas (o no) que no están en ninguna ley porque nadie se atrevió nunca a desarrollar la norma fundamental. Pero sí hubo una persona que en un ya lejano día hizo los deberes. Tras su mesa del Ministerio del Interior había una galería fotográfica muy amplia. Eran los compañeros de UCD en el País Vasco que ETA había ido eliminando uno a uno hasta sólo quedar él con vida. Jaime Mayor Oreja, hoy luchador perseverante por el derecho a la vida de los no nacidos, conocía como pocos el percal de las Vascongadas. Sabía qué era eso de “Euskalerría”, cómo se había formado el nacionalismo vasco que Jon Juaristi describió tan bien en “El bucle melancólico”. Había nacido, crecido y sobrevivido en aquellos valles, entre muros de hormigón pintarrajeados con serpientes y hachas. Y era consciente de que el Estado español no se podía conformar con poner los muertos. Había que reaccionar. Y hacerlo legalmente, con la previsión constitucional en la mano. Harto de sangre, crimen y reivindicaciones de sacristía, él, humanista cristiano y centrista de pura cepa, comprendió que la Constitución sería papel mojado mientras no se pusiese por obra su plasmación en articulados orgánicos que hiciesen inútil el esfuerzo del nacional-terrorismo.

Cuanto relato no tiene certificación documental. Pero quien me lo cuenta, presente en el testimonio oral salido de la misma boca del personaje público, me inspira confianza y sobre todo las piezas encajan sin forzarlas. En cierta ocasión, el ministro quiso dejar hecho antes de marchar de vacaciones a Zahara de los Atunes, un borrador de ley que sirviera para hacer frente a cualquier contingencia que obligara a la aplicación de dicho artículo. Sabía que la improvisación está reñida con la eficacia, y en el caso que nos ocupa, con la paz. Quiso dejar el proyecto en manos de algunos miembros destacados del PP. En palabras de su promotor, “casi me echan del partido”. Nadie en él quería ni oír hablar siquiera de la “bicha”, que no era el símbolo de ETA sino el hacha jurídica y política que podría haber servido para descabezarla.

Este complejo —uno más— que aqueja a los dos partidos impulsores y beneficiarios de la transición, que es de la misma estirpe que la alergia a la bandera y al himno o a cualquier signo que nos identifique como españoles (ahí está el recurso descalificador al “patrioterismo”), y que, obviamente, hunde sus raíces en el freudiano “síndrome del posfranquismo”, nos ha conducido a la encrucijada presente, que nos sitúa entre la espada de un Gobierno con poderes absolutos y la pared de un separatismo irreductible. Todo por no haber tenido el valor y la inteligencia de contribuir a que la Constitución fuera tan respetable como respetada —al igual que la Nación— sin que nadie pudiera llamarse a engaño o dilatar el cumplimiento del deber hasta el vertiginoso infinito en el que nos encontramos.