miércoles, 21 de junio de 2017

379 VS 155

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) admitió a trámite una queja ciudadana de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia que reclama investigar los 379 asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA todavía sin autor conocido ni condenado, dijeron a Efe fuentes de la Eurocámara.
La solicitud fue presentada en nombre de la organización por Miguel Ángel Rodríguez Arias, que denunciaba en su escrito «la incapacidad de España» para llevar a cabo sus obligaciones de investigación de forma efectiva e independiente, juzgar y condenar a los culpables y compensar a las víctimas.
Por ello, reclama al PE que estudie cómo puede llevarse a cabo finalmente una investigación y la posibilidad de que se envíe una delegación parlamentaria a España para entrevistarse con las autoridades.
Asimismo, solicita a la Eurocámara que pida al Gobierno «una explicación satisfactoria» por la impunidad y la falta de justicia.
El peticionario señala igualmente en su escrito al PE que los 379 asesinatos «equivalen al 44 % de todas las víctimas de ETA».
Tras ser admitida a trámite, la petición será tratada en las próximas semanas -sin fecha todavía prevista- para su discusión en comisión parlamentaria, una sesión a la que puede acudir para presentar su queja el propio solicitante.
Las recomendaciones de la Comisión de Peticiones del PE no son vinculantes, aunque ejercen presión política a las autoridades.
Puede dirigir su queja al organismo cualquier ciudadano de la UE por considerar que sus autoridades nacionales no cumplen con la legislación y sus derechos.
He antepuesto la noticia de la agencia Efe (titularidad del Estado español), en su tenor literal, para evitar acusaciones de manipulación o extracciones interesadas de contexto.
Esta España de nuestras vergüenzas acaba de sumar una, y no magra, a su copiosa colección en el foro más relevante del continente europeo: el Parlamento de Estrasburgo, 751 diputados, representantes de los 28 países comunitarios, es decir de 510 millones de ciudadanos, han asistido —me imagino que estupefactos— a la más palmaria demostración de que el estado de derecho tiene aún un largo recorrido que cubrir hasta ser una realidad en este rincón de Europa. Tanto como el que dejó pendiente un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero, que además de arruinar las cuentas públicas y las de centenares de miles de hogares, dejó dos desgarrones como cornadas mortales por los que se desangra la Justicia en nuestro país: la burla al Tribunal Constitucional —mucho antes que hicieran de ello hábito los separatistas—, al hacer un rebuño de su sentencia sobre el aborto consagrándolo como derecho (a matar la criatura no nacida), y la introducción con calzador de un miembro designado por él en otro alto Tribunal, de Derechos Humanos, sito igualmente en Estrasburgo, con la finalidad de derribar la doctrina Parot, que fue el gran logro de Aznar (por eso la tumbó el otro) y el principio del fin de la ETA. Gracias a esa decisión política, varios violadores y asesinos condenados a cientos o miles de años salieron en libertad, y así han podido reincidir nuevamente.
Claro que todo había empezado mucho antes, pues fue la primera decisión de los socialistas al llegar al poder (por cierto, y según acaba de probarse con números, por primera vez en la historia a través de las urnas): la abolición de la independencia judicial que nos había traído Suárez. A partir de ahí, cuanto se les ha antojado ha sido coser y cantar. El instrumento se llama Consejo General del Poder Judicial, o más precisamente, el sistema de provisión de sus plazas, que de profesional pasó a ser político, como casi todo en esta España de nuestras desgracias.
A la conmoción de saber que los violadores libertos campan a sus anchas hasta que la Policía —no los políticos— da con ellos y con las pruebas para acusarles ha sucedido un nuevo baldón en el historial nacional de desaguisados. Sobre cuanto ha sucedido en la piel de toro desde que un etarra tiroteara como a un perro al agente Pardines el 7 de junio de 1968, ha gravitado una sombra diabólica cuyo icono es una serpiente enroscada a un hacha. La transición, la Constitución, el curso de las autonomías, los casos vasco y catalán, y otras cosas de tanto relieve como éstas, han quedado marcadas por las balas asesinas de la banda terrorista. En definitiva, han sido nuestras vidas las que nadie podrá recordar sin hacer mención expresa de lo que significó aquella cifra —un muerto cada tres días— durante muchos años. Andan los partidos —primero de la izquierda y después el de la derecha— engolfados en el empeño heroico de ciscarse en cuanto huela a régimen franquista. Pero esta memoria histórica la tenemos mucho más cerca, algunos a flor de piel de teletipo (siempre recordaré el momento, por ejemplo, en que llegó a mi mesa de redactor jefe la noticia del crimen contra Fabio Moreno, el niño de dos años, hijo de guardia civil, que voló por los aires impulsado por una fiambrera bajo su asiento). Para esa memoria sólo hay amnesia. Los números lo aguantan todo: 379. Hay que ponerlo, al menos, en letras: Trescientos setenta y nueve muertos en salvajadas sin esclarecer ni castigar. Hay que sumarles heridos, mutilados, viudas, huérfanos, hermanos, padres, amigos, vecinos, compañeros… ¿Cuánta gente hay en la España del 2017 sin justificar? ¿Cómo se puede reivindicar la memoria de los presos del franquismo o de las víctimas de la guerra (sólo de un bando) y tener abandonados en el ostracismo más miserable a estos españoles que dieron la vida por una patria mejor?
Sólo hay una explicación para tamaña afrenta, y es algo muy relacionado con el actual proceso de descomposición de la legalidad en Cataluña. Si los segregacionistas están envalentonados y resueltos a romper la unidad nacional es porque saben que enfrente tienen demasiado miedo. No digo que no sea comprensible sentirlo. Cuarenta años de terrorismo feroz dejan con seguridad una huella latente y activa de por vida. Y eso es lo que siguen rentabilizando políticamente los nacionalistas, como se acaba de ver en el acto conmemorativo del atentado contra la ciudadanía en Hipercor. Por eso, ya la única solución que nos queda, y ya veremos si se está a tiempo, es el artículo 155 de la Constitución, redactado sin duda en previsión y por sospecha de que se fueran a producir situaciones como la actual.
Lo grave de todo esto es que, a juzgar por lo que nuestra Ley de leyes presenta como causa de adopción de dicho recurso (“… no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España…”) la retirada de las competencias a la Comunidad Autónoma de Cataluña (y a la vasca) debió haberse puesto en marcha hace ya mucho tiempo. Todo empezó por la educación de las generaciones que ahora quieren desconectar con España. Fue entonces (ikastolas, libros de texto, inmersión lingüística…) cuando las cosas tenían una solución relativamente fácil. Pero la pusilanimidad de unos y la complicidad de otros paralizó el uso de unas facultades constitucionales que, si bien se mira no son potestad del Gobierno, sino su obligación.
En el limbo oficial en el que se encuentran esas 379 personas tiene mucho que decir la abstención en el empleo de ese artículo que nos hubiera evitado los males mayores en los que nos hallamos, y que habría hecho encajar las piezas del estado de las autonomías para muchos años. Hubiera sido un buen homenaje a esas 379 manchas en nuestra bandera.

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